Una de las tareas y aprendizajes más desafiantes que nos deja la pandemia es la de construir otro tipo de urbanidades. Replantear el modelo actual es urgente en tanto ha quedado al descubierto que tal y como están concebidas y habitadas nuestras ciudades son altamente susceptibles de convertirse en foco de expansión y agravamiento de cualquier tipo de crisis. Las injusticias y desigualdades sociales, económicas y territoriales persistentes no dejan margen de duda sobre la trascendencia de remodelar el territorio y recuperar usos y lenguajes. La ciudad debe ser devuelta a sus habitantes en todos los sentidos. Varias cuestiones se evidenciaron de manera esclarecedora: tener garantizada una vivienda adecuada salva; el confinamiento en el propio hogar es un riesgo para mujeres y disidencias; las infraestructuras, contenciones y economías barriales y de cercanía requieren ser pensadas como motor para la producción y reproducción de la vida urbana; y lo colectivo es central para sostener la vida; entre otras evidencias.

El 80% de les habitantes de este planeta vivimos en ciudades. No es posible, por este motivo, pensar la superación de la crisis multidimensional (social, económica, ambiental, sanitaria, política, de cuidados, etc.) a la que asistimos, si no planteamos ideas y acciones concretas para salvar a las ciudades de la espiral reproductora de la lógica de las ganancias en la que están subsumidas. Para tener una sociedad igualitaria, justa y libre de violencias es necesario trasformar las urbanidades y comenzar a construir ciudades en las que la sostenibilidad de la vida esté en el centro de las decisiones urbanas. Es decir, emprender el camino de edificar ciudades de cuidado o cuidadoras.

Hoy, tal como dice Gabriela Massuh (https://www.eldiarioar.com/opinion/buenos-aires-descuartizada_129_6623463.html), estamos caminando hacia ciudades que son un “significante vacío que brilla estático en una caterva de falsas promesas de gestión y sustituye la real dimensión de la irrecuperable pérdida: el espacio público. Ese espacio que nos hace participar de la diversidad en un proyecto común como seres políticos que sienten, piensan, razonan, preservan y comparten la raíz de un lazo social. Eso que nos convierte en una comunidad”. Es por ello que resulta indispensable deconstruir, reconstruir y recuperar la ciudad como bien público, y así volver a llenarla de significado.

Para avanzar en este proceso de deconstrucción y reconstrucción de la ciudad es fundamental entender cómo llegamos a este punto, comprender en profundidad al modelo de desarrollo urbano que ha generado tamañas desigualdades, discriminaciones y violencias, para poder revertirlo. El concepto de extractivismo urbano aparece como clave en este sentido, en tanto nos permite indagar fenómenos concretos y nos abre la posibilidad de ver esos fenómenos a través de la lupa del modelo económico que los produce, habilita análisis para desentrañar los andamiajes institucionales, los mecanismos del mercado, las tipologías de política pública desarrolladas, las estrategias de estigmatización y criminalización de las “otredades” expulsadas, excluidas y violentadas; y las construcciones materiales y simbólicas que han posibilitado que el neoliberalismo globalizado, usurpe dramáticamente los territorios urbanos y traspase la puerta de nuestras casas y nuestras vidas.

Las ciudades se han desarrollado espacial, funcional y simbólicamente desde el binarismo propio del sistema capitalista; desde una lógica que separa y organiza el espacio en función de dos centros: la vivienda y el trabajo. Entendiendo la vivienda como el corazón del ámbito privado y el trabajo como centro de lo público; el diseño de las ciudades, profundamente patriarcal, ha demarcado el mundo de lo privado (la vivienda) como el espacio de desarrollo propio de las mujeres y el resto (lo público, el trabajo) como el territorio de despliegue de los varones laboralmente activos. Una de las consecuencias de esta manera de diseñar la urbanidad es que otras funciones y servicios urbanos como la educación, la salud, y el esparcimiento aparecen casi como elementos ornamentales de la organización y los flujos urbanos. Poner los cuidados en el centro de la planificación urbana supone, entonces, romper con ese binarismo, ampliar los sentidos de lo privado y lo público y reconfigurar las jerarquías de las funciones en las ciudades. El urbanismo feminista ha desarrollado un abanico estratégico de discusiones y propuestas concretas en este sentido. 

Construir una ciudad cuidadora que ponga en el centro la reproducción de la existencia en condiciones de igualdad y dignidad pasa tanto por transformar la redistribución y retribución de las cargas de cuidado, como por lograr que los valores propios de los cuidados atraviesen  la esfera privada, dejen de ser de uso monopólico de los cuerpos feminizados y se conviertan en guía para las relaciones sociales, para el quehacer político y para que renazcan nuevas maneras de relacionarnos con la naturaleza y los bienes comunes.

En términos de planificación urbana implica poner en valor y darle centralidad a lo comunitario, a lo colectivo, a los espacios de encuentro, a la salud, a la cultura barrial y a crear espacios de socialización real. Socializar los cuidados, crear corresponsabilidad supone además replanificar los flujos de movilidad y transporte público y crear nuevas infraestructuras, servicios y equipamientos de cercanía, proximidad y accesibilidad que desdibujen las fronteras y la separación entre la vivienda y el trabajo, entre lo público y lo privado y que promuevan la deconstrucción de los roles de género.

El movimiento de cooperativismo y autogestión de la vivienda y el hábitat ha dado pasos y claves en esta vía. No solo ha desarrollado debates y planteamientos fundamentales; sino que la práctica cooperativa, de autogestión y ayuda mutua para la construcción de la vivienda ha demostrado ser una “alternativa para dar horizonte a mayorías excluidas protagonizando la construcción de otra economía y otros valores” (Rodríguez, 2021).

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) se ha convertido en un ícono a nivel mundial. Su historia es ejemplar en cuanto al potencial que tiene la autogestión del hábitat popular y lo estratégico que resulta para la edificación de nuevas ciudades. Tal como se plantea en su Declaración de Principios “el Movimiento Cooperativo de Vivienda por Ayuda Mutua surge de las entrañas mismas de la clase trabajadora para resolver la problemática de la vivienda, y a partir de esa necesidad concreta fue gestando barrios que reivindican una vida digna y decorosa para sus habitantes. El cooperativismo de vivienda, en sus orígenes, estuvo ligado de manera indisoluble al Movimiento Sindical uruguayo y, a partir de allí, tomó una serie de definiciones estratégicas de carácter totalmente clasista. Esta visión globalizadora como clase, le permitió abarcar un conjunto de demandas que apuntan a una definición integral de la propuesta. El cooperativismo no se agota en la vivienda, sino que, a partir de ese presupuesto clasista, engloba todas las necesidades en tanto clase y no como sector parcializado de la sociedad”. (https://www.fucvam.org.uy/declaracion-de-principios/).

Dos de las experiencias constructivas pioneras de FUCVAM dan cuenta de estos procesos, el Complejo José Pedro Varela Zona 3 y el Barrio General Artigas. Dos territorios donde se construyó comunidad. Además de las más de 1200 viviendas que componen los dos complejos, las cooperativas construyeron jardines de infantes que posteriormente se convirtieron en jardines de gestión estatal, policlínicos abiertos al público, biblioteca comunitaria, clubes de fútbol, gimnasio cancha multideportiva, comercios: supermercados, y salones comunales, donde además de ofrecer actividades culturales y recreativas siguen constituyendo como los lugares de encuentro y de toma de decisiones de sus habitantes. 

Las cooperativas en Uruguay han sido creadoras de hábitat, de ciudad de cuidados. Son un ejemplo de un diseño de ciudad que rompe dicotomías, que construye comunidad y que permite la colectivización de los cuidados; no solamente por la construcción de infraestructuras y espacios lúdicos, recreativos y educativos para las niñeces, sino porque han hecho barrio potenciando la posibilidad que la proximidad y que el vecindario genera para tener muchos ojos y muchos brazos sosteniendo los cuidados de manera colectiva y corresponsable.

A los dos lados del Río de la Plata se han llevado adelante importantísimas iniciativas de producción autogestionaria del hábitat, consolidando experiencias prefigurativas de otras ciudades posibles, de ciudades cuidadoras. Los conjuntos construidos cooperativamente son verdaderos ejemplos de un modelo de gestión popular del hábitat capaz de construir en coherencia con una profunda perspectiva de clase, instalando debates centrales para la derrota del urbanismo capitalista tales como la defensa de la propiedad colectiva, sembrando valores para nuevas relaciones sociales sustentadas en la solidaridad a través de la ayuda mutua y con una importantísima incidencia de la participación de las mujeres que ha conducido a que los barrios construidos en el seno de estos movimientos se convirtieran en verdaderos territorios de cuidado. Allí hay que poner la lupa, porque en el seno de este movimiento, tal como lo dice desde Argentina el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos -MOI-, se construye con y sin ladrillos una nueva sociedad.

RODRÍGUEZ, María Carla (coord), 2021. Hábitat, autogestión y horizonte socialista. Construyendo con y sin ladrillos la nueva sociedad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Colectivo.

Foto: Adi Goldstein / Unsplash

La Unión, La Lucha, San Martín y 20 de Julio. Así se llaman las barriadas que improvisaron las 2500 familias que ingresaron al predio. Sus historias desnudan el drama del déficit habitacional.

El viento furioso que sopla del sur golpea las casillas forjadas con nylon, madera, alambre, cartón y, con suerte, alguna chapa. Se levantan sobre el descampado, en los márgenes olvidados de Guernica. Las casitas y carpas llegan hasta un bosque, el horizonte y mucho más allá. El ventarrón mañanero las zamarrea, las castiga, las maltrata. Pero no las puede doblegar. Tampoco a los vecinos que las construyeron.

“Pasamos lluvia, piedra, helada, la policía apretando… y mire, no se fue nadie. Estamos acá por necesidad, por nuestro derecho a tener un pedacito de tierra”, dice Leandro con la frente alta, desde su lote en la manzana 8. El joven de 28 años cuenta que está en pareja y tiene dos pibes. Hasta marzo pasado, cuando la peste llegó al país, se ganaba el mango como albañil. El jornal en negro alcanzaba raspando para pagar la pieza en el barrio de al lado, en Numancia. No mucho más: “Entonces llegó la cuarentena y me quedé sin laburo. Traté de inventarme changas, sacaba poco y nada. Ya debía cuatro meses de alquiler. La mayoría estamos en la misma. Changarines, vendedores ambulantes, buscas, trabajadores precarizados, todos afuera del sistema. Yo no quiero que mis hijos vivan abajo de un puente. Entrar acá fue la salida que encontramos.”

El dilema

Gente sin tierra, tierra sin gente. Hace casi dos meses, empujadas por la crisis habitacional y la eterna falta de techo, unas 2500 familias ingresaron al predio abandonado de casi un centenar de hectáreas en el municipio de Presidente Perón, en el último sudoeste del Conurbano. El deseo era construir un barrio donde vivir. Ya en el asentamiento se organizaron en asamblea, eligieron delegados y lotearon. Terminaron conformando cuatro barriadas: La Unión, La Lucha, San Martín y el 20 de Julio, en memoria del tórrido lunes invernal en el que se encendió la toma.

“La mayoría es gente de Presidente Perón. Vivían hacinados en casas de familiares o tuvieron que dejar el alquiler por las deudas. Es bravísima la situación en pandemia. El dilema es comer o pagar la pieza. Muchos ya estaban a la intemperie”, asegura Lorena, docente y militante activa del MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), una de las tantas organizaciones que dan una mano en los barrios para capear la malaria, como el MTR Votamos Luchar, el FOL, la OLP Resistir y Luchar, el Polo Obrero, Víctor Choque, Barrios de Pie-Libres del Sur y el Frente Darío Santillán Corriente Nacional. La historia de Guernica, explica la maestra, está atravesada por las tomas: “Así creció esta parte del Conurbano en particular, y la Argentina postergada en general. Los asentamientos son la única forma que tienen los pobres para acceder a un techo”.

Esquivando charcos y barro, Lorena dice que después de 45 días de toma, las respuestas del municipio y la gobernación de Buenos Aires han consistido en la judicialización, el hostigamiento y la represión. “La parte del 20 de Julio está floja de papeles, hasta ahora en la causa nadie presentó documentos –detalla–. Supuestamente, hay solo algunos papeles de posesión y también denuncias por la venta fraudulenta que hizo el anterior intendente. Está ayudando la Gremial de Abogados, y el barrio sigue organizándose”.

Hace unas semanas, los funcionarios engañaron a las familias con un falso censo. Tomaron datos y 533 vecinos quedaron imputados: “En el medio hubo una mesa de diálogo con la intendenta Blanca Cantero, representantes de la provincia y los delegados del barrio. No se avanzó en nada. Ahora está la orden de desalojo. Hay mucho miedo”.

El pasado fin de semana, antesala a la protesta con sirenas y patrulleros, la brava Bonaerense intentó anticipar el peor final: se llevaron detenidos a nueve vecinos. ¿El delito? Traer agua y maderas a la barriada.

“La policía nos verduguea, nos cagaron a palos. Es difícil la lucha”, dice Alejandro, al tiempo que hunde sin descanso la pala en la tierra. El muchacho está armando una huerta en su terrenito: “Mañana le meto semillas, es buena tierra, bien negrita”. Para el verano promete cosechar generosos morrones, zapallos y mucha verdurita: “Para que coman los pibes en el comedor del barrio. De acá no nos vamos”.

La olla y el martillo

Carolina camina diez cuadras todas las mañanas para conseguir un poco de agua que les brinda una vecina del Numancia: «Ella es muy buena. Hay otros que se aprovechan, empezaron a cobrar, hasta 100 pesos por bidón”, tira la bronca la cocinera y se acomoda el barbijo casero que la protege del virus. No deja de revolver con un palo el guiso de la olla popular. Pollo, cebolla y algo de calabaza: “Cada vecino pone lo que puede, todos ayudamos. A la tarde hacemos mate cocido y tortas fritas para los chicos”.

Cuenta Carolina que es migrante paraguaya, oriunda de las rojas tierras de Encarnación. Se vino con su mamá cuando tenía diez años. Ahora anda por los 26. Fue empleada doméstica y vendedora de ropa. Está sin una moneda. Sola cría a su hija Safira, que corretea un barrilete cerca de la casilla: “No pudimos con el alquiler, con lo puesto nos vinimos al terreno. Dormimos en una hamaca, cuando llueve nos gotea el nylon del techo. Nada tenemos. Si nos sacan de acá, ¿a dónde vamos a ir?”.

Alejandro sabe que hay que ser preciso con el martillo. Bajo el sol tibio del mediodía ayuda a sus vecinos a armar el esqueleto de una casilla. “El Pela”, como lo apodan sus compañeros, hace un alto en la faena con los clavos. Reflexiona usando la palabra con precisión, como cuando trabaja la madera: “Los políticos y los medios demonizan la recuperación de tierras. Cuando ellos miran este predio, seguro piensan en hacer un country, un negocio inmobiliario. Para nosotros, es la posibilidad de tener un futuro”.

Yamila llegó al predio el 23 de julio con sus hermanos. La morocha estudia trabajo social y milita en el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). Sabe que para lograr la ansiada urbanización, la clave está en el trabajo colectivo: “La pelea es de todos los vecinos y vecinas. Si no nos hubiéramos organizado, ya nos habrían sacado. Por algo le pusimos La Unión”. A veces, cuando lee en el teléfono las noticias sobre su barrio, Yamila se agarra flor de bronca: “Muchos medios corren el eje y solo lo reducen a la toma de tierras, nos llaman usurpadores. El tema es mucho más complejo. ¿Y las necesidades de las familias? ¿Y la falta de oportunidades? La gente acá no está por gusto. En la pandemia nos quedamos sin trabajo, con deudas, sin casa, era imposible seguir así”.

Dónde caerme muerto

Desde el lote de Juan puede verse el camión de la infantería, que vigila con recelo el acceso al barrio: “A veces ni agua dejan entrar. Es algo esencial, tengo cuatro criaturas. Dígame, ¿cómo les hago un té?”. Juan tiene 23 años y es cartonero. La calle en cuarentena, asegura el muchacho, ya canoso, está cada vez más brava. Últimamente no saca ni para los pañales: “Está re dura. Mucha gente se metió en el cartón, hasta oficiales albañiles hay cartoneando”. Después, agradece las manos solidarias que le tienden sus compañeros: “Estoy acá porque no puedo pagar un alquiler. Usted nos ve: pasamos frío, no tenemos baño, aguantamos como podemos, esta es nuestra realidad. La de todos los que necesitamos un pedazo de tierra, para hacernos una casita y dejarles a nuestros hijos. Para de una buena vez, tener algo el día de mañana”.

A don Francisco se lo encuentra tomando unos mates frente al ranchito que armó con cuatro chapones en la zona de La Lucha. Ahí guarda un colchón, un par de frazadas y su dignidad infinita. Estoico albañil desocupado, con 60 años sobre el lomo. Seis meses sin trabajar, nada de nada, le comieron los ahorros: “Como Dios me trajo al mundo. Abandonado y olvidado, así me siento”. Sin embargo, dice, no se va a rendir. Menos ahora que consiguió un terrenito: “La vamos a pelear con los compañeros. Hay que aguantar, es duro, pero hay que aguantar. Ahora tengo dónde caerme muerto. No tenga dudas, esta es nuestra tierra”.

Nota publicada previamente en https://rosalux-ba.org/2020/09/17/barro-chapa-y-viento-la-lucha-por-un-pedacito-de-tierra-en-guernica/

Foto: https://flickr.com

La lucha por la vivienda digna atraviesa toda América Latina. El Movimiento Sin Techo de Bahía (Brasil) es una experiencia de ocupaciones territoriales que, mediante la acción directa, hace efectivo el derecho que el Estado niega. Son más de 200 personas en asamblea. Hombres, mujeres y niños, de todas las edades. Están bajo los árboles en un predio de seis hectáreas. Es evidente la mezcla de tristeza y enojo. La policía vigila el lugar mientras una cuadrilla de trabajadores municipales desarma las precarias viviendas y decomisa tirantes, plásticos, chapas. «Sólo queremos que nuestros hijos tengan un techo y acá se ve como el Gobierno no roba nuestras cosas. Y la policía amenaza», grita una mujer y llama a resistir. El Movimiento Sin Techo de Bahía (MSTB) agrupa a 5000 familias y su lema es «organizar, ocupar, resistir». Crónica desde el Salvador de Bahía que no aparece en las guías de turismo.

Recorrida

América Latina experimenta un proceso  de despoblamiento rural desde hace más de medio siglo, políticas de estado que no distinguen signos políticos ni posicionamientos políticos. Amplios territorios rurales a merced del avance extractivo, crecimiento de megaciudades, grandes capitales de especulación inmobiliaria, amplios sectores de la población sin acceso a la vivienda digna. Un círculo vicioso, parte de lo que se denomina «extractivismo urbano». Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de cada tres familias de América Latina y el Caribe (un total de 59 millones de personas) habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos. La turística Salvador de Bahía no escapa al problema. Posee un déficit de 452.000 unidades, equivalente al nueve por ciento de domicilios de la ciudad, según precisó la Fundación João Pinheiro. El Movimiento Sin Techo de Bahía (MSTB) nació en 2003 «fruto de la necesidad de organización para conquistar vivienda y demás derechos sociales necesarios para una vida digna». En el marco del Foro Social Mundial, el MSTB invitó a una comitiva de periodistas y activistas extranjeros a una recorrida por cuatro ocupaciones en las afueras de Bahía. El colectivo parte a las 7.40 de la Universidad Federal de Bahía, zona de clase media, en cercanías de la Playa Ondina. Quince minutos de andar, avenidas saturadas de hora pico, queda atrás el moderno estadio mundialista Arena Fonte Nova y comienza a verse el cambio de paisaje. Barrio de casas bajas a medio construir, zona trabajadora, casas de ladrillos huecos sin revocar que suben al morro, pasillos que se pierden en el horizonte. Las famosas favelas. Wagner Moreira es parte del Movimiento Sin Techo y oficia de guía de la comitiva, quince personas, en su mayoría extranjeras. «Realizamos ocupaciones populares, estratégicas, que muestran la fuerza urbana por la demanda de vida digna», explica de pie, en e pasillo entre los asientos del micro. Hace un repaso de las cuatro ocupaciones que propone recorrer. Remarca que son espacios disputados con empresas y con el Estado. Siempre la lista de reclamos pasa, además de vivienda, por educación, salud y transporte, todos derechos vigentes en la Constitución Nacional, pero irreales en los territorios empobrecidos. Menos de 40 años, rastas, remera blanca con la consigna «resistencia urbana», Moreira resume que el objetivo de fondo del movimiento es cambiar la calidad de vida de los sectores populares, mostrar que hay alternativas. Y nunca dejar de apuntar a los victimarios de los pesares: «Los grandes poderes (políticos, económicos) tienen grandes responsabilidades sobre la situación del pueblo». Van 40 minutos de andar en el micro, la avenida es ancha, ya no hay árboles y es un barrio popular. Se observa, desde lo alto, la ciudad y el mar. Contrastan las viviendas humildes en primer plano y desde lejos, a kilómetros, se observan edificios de lujo. Momento de la primera parada. Moreira avisa: «Llama la atención que personas de afuera y blancas vengan».

Resistir

Cruzar la avenida y recién en la vereda se observa, en pendiente hacia abajo, las casillas y pasillos que conviven con vegetación crecida que recuerda que se trataba de descampado hasta no hace mucho. Dos meses atrás comenzó la ocupación del predio, bautizado «Quilombo de Escada», con 40 familias. Media docena de adultos, casi todas mujeres, esperan bajo un techo improvisado, rodeada de casillas muy humildes. Los niños juegan con un triciclo, gallinas y perros. Ana Claudia no tiene más de 30 años. Comienza con lo urgente. La semana pasada sufrieron un intento de desalojo por parte de la policía. «Resistimos», explica Ana Claudia. La misma palabra la repetirá otras cinco veces en la media hora de charla. Toda ocupación es un proceso con diversas etapas. Evitar el desalojo es primordial. Poner el cuerpo es fundamental siempre. En la comitiva de visita hay muchas personas con cámaras. Sacan fotos desde que pisaron la ocupación. La contradicción se hace presente. La necesidad de imágenes para difundir lo que sucede. En el otro extremo, el «turismo» de ir a conocer durante unas horas los pesares de otros, fotografiar la necesidad, y alejarse de esa realidad. José Antonio tiene remera roja con la cara del Che Guevara. «Queremos que nos respeten. Y vamos a resistir», advierte en sus primera palabras. Todos, lugareños y visita, aplauden. Invita a una recorrida por el lugar. No más de dos hectáreas. La ocupación está por debajo del nivel de la avenida, como en un pozo. Las casas de madera se hacen lugar entre la vegetación que se resiste en lo que fue un baldío abandonado. Pequeñas zanjas con aguas servidas. Recuerda que en ese predio se debió construir, en manos de la compañía de energía local, un pequeño barrio de viviendas sociales. Pero nunca se realizó. Poco más de una hora de charla. Ana Claudia despide: «Todo esto es por nuestros hijos. Soñamos un mundo mejor».

Violencia

Veinte minutos más de viaje. El micro pasa frente a torres de departamentos de tres pisos, de color blanco, impecables. Wagner Moreira cuenta que desde el MSTB trabajaron en la construcción. Zona de mercados, venta callejera, avenidas y transito, siempre lejos del centro de Salvador de Bahía. Podría ser cualquier barrio trabajador de las afueras de Buenos Aires, Medellín, Lima o cualquier otra ciudad de Sudamérica. Curva y contracurva. El colectivo asciende en la calle y aparece una zona más fabril, de antaño, abandonada. Predios grandes con árboles. El colectivo pasa por delante de una fábrica abandonada, construcciones de cemento  gigante, propia de la etapa de industrialización de la región, mediados del Siglo XX. La vegetación ganó metros, incluso yuyos verdes arriba de los techos y estacionamientos derruidos. El micro frena en la avenida. Casi no hay viviendas ni personas. Bajar, caminar unos metros y, en pendiente hacia abajo, aparece un predio extenso, unas cinco hectáreas, de tierra seca (casi sin pasto) y árboles añejos. Es un descampado en forma de olla. Dos patrulleros en la ingreso, media docena de policías, y, a lo lejos, una asamblea con más de 200 personas. Hombres, mujeres y niños de todas las edades. Están con una mezcla de enojo, tristeza y fuerza para seguir adelante. Luego de dos meses de ocupación, ayer los desalojaron, la prefectura ejecutó la acción. Mientras se desarrolla la asamblea, cuadrillas municipales desarman las últimas casillas y se llevan tirantes, chapas, todo. La policía custodia la acción. Una mujer pide la palabra en la asamblea. «Es vergonzante como nos roban nuestras pertenencias, con escolta policial. El Gobernador nos trata como personas sin derechos, periféricos, somos un pueblo marginalizado», grita con rabia. Los desalojados son parte de la población negra. Los empleados municipales son negros. Los policías también. De haber violencia, no correrá sangre de blancos. «Estamos aquí mostrando organización y lucha social. A ellos, poderosos, les intimida que el pueblo se organice. Esta ocupación… ¡será victoriosa!», afirma un joven con discurso que contagia optimismo. Aplauso de aprobación, gritos de lucha. Hace 48 horas asesinaron en Río de Janeiro a Marielle Franco, activista negra de las favelas, feminista, concejal por el partido de izquierda PSOL, férrea opositora a la militarización de la ciudad (ordenada por el presidente Michel Temer). En la asamblea, que lleva horas, alguien propone bautizar el asentamiento con el nombre de la militante. Total aprobación, algunos puños en alto. Y un grito unánime: «¡Marielle Franco, presente! ¡Marielle Franco, presente! ¡Marielle Franco, presente!». Un policía con cámara en mano pasa por delante de la asamblea y , a centímetros, filma las caras de los manifestantes y de los ocasionales visitantes. Los efectivos provocan. Buscan una reacción para una posterior represión. Total impunidad. Los integrantes del MSTB reconocen que hoy perdieron, los desalojaron, pero no se darán por vencido. Planean cómo volver al predio. El final de la asamblea, en tono de digna rabia, lo resume: «¡Resistir! ¡Resistir! ¡Resistir!».

Cementerio

A veinte minutos por una autopista muy transitada. Un barrio gigante, de una veintena de torres. Al estilo Brasil, todo grande. Moreira explica que son 1200 departamentos. Un mundo. El colectivo pasa por el frente, gira a la izquierda y rodea el complejo de viviendas. Cambio drástico de paisaje. Una ocupación que hace recordar alguna imagen de la película Ciudad de Dios. Se llama ocupación «Guerreira María Felipa», se realizó hace dos meses y el predio pertenecía a una empresa de perforaciones petroleras. La estrategia en este caso fue «consolidar» la toma desde el primer momento, por lo cual se dividió en 60 lotes y, según estipula la ley de urbanización, con un mínimo de 12 metros de frente por 15 de largo. El caso se judicializó y obtuvo fallo favorable para los vecinos. La visita es muy rápida. El sol de la siesta castiga, los árboles escasean y hay pocos vecinos a la vista. En una humilde casilla se improvisó un almacén/kiosco. Ofrecen agua y y gaseosas. Moreira señala que las asambleas varían, algunas veces con pocas familias, otras con cientos de personas. Cuando las familias se enteran de la posibilidad de una parcela para vivir, el interés se nota en la movilización y presencia en asambleas. El Movimiento Sin Techo tiene reglas claras para sumarse a las ocupaciones. Un proceso de asambleas, charlas, consensos y, claro, poner el cuerpo en recuperación del predio y el sostenimiento. «Los moradores tienen que cumplir con lo pactado», resume Moreira. Las familias presentes asienten. Ejemplifica. Para obtener agua y luz en el predio tuvieron que hacer una inversión que solventó inicialmente el Movimiento. Los vecinos aportaron lo mínimo. 54 reales para el agua y 34 por la luz (un total equivalente a 570 pesos), por única vez. Ese dinero, una vez devuelto, se invierte en otra otra de otra ocupación. Trece familias no pagaron, no explicaron por qué y en asamblea se decidió remplazarlos por otras trece familias que estaban en lista de espera. 

Más que cuatro paredes

El micro con la comitiva pasa por un hospital nuevo, impecable, muchos autos en el estacionamiento, pocas personas afuera. El recorrido sigue por una calle lateral y asciende por una suerte de pequeña sierra, elevación, morro o cómo le llamen. Es un predio de varias hectáreas, aplanado símil cancha de fútbol. Todo es verde y desde arriba se observa el hospital y la avenida de entrada (de un lado). Del otro extremo, un bosque tupido, decenas de hectáreas, pulmón verde. No hay ocupación a la vista. Moreira explica que se trata de una reserva natural. Intocable por ley. Pero en 2009 el Gobierno decidió la construcción unilateral de un hospital público-privado. Más privado que público (no atiende a los vecinos del barrio). Los lugareños sin techo vincularon sentido común, con otro tanto de necesidad y algo de acción. ¿Por qué se puede afectar la reserva para una obra pública-privada y no para viviendas populares? Pocas semanas después, el Movimiento Sin Techo ocupo un lateral del predio y la bautizaron «ocupación paraíso». Desde la cima verde de la lomada el guía invita a caminar unos metros hacia un lateral. Una senda sólo para transitar a pie (nada de autos ni motos) y recién ahí se visibiliza la ocupación. Decenas de viviendas, de ladrillos (algunas de dos pisos) y otras de madera. Un centenar de familias. No hay calles, sólo palmeras y casas que fueron construidas según la necesidad y posibilidad. Recibe Rita de Cassia Ferreira Dos Santos. Para todos conocida sólo como Rita. Bajo unas palmeras, todos parados en ronda. «Soñamos construir nuestra casa, queremos crear comunidad, que nuestros hijos sean hijos de la comunidad y no sean discriminados», explica Rita y, por si quedaran dudas, resume la lucha en tres palabras: «Queremos ser libres». Luego de un largo proceso de diálogo y negociación con el Gobierno, firmaron un acuerdo para construcción de 1264 viviendas sociales. Llevará 19 meses y las familias participarán de la construcción. Rita explica que el acuerdo final con el gobierno llevó nueve asambleas. Y advierte que está retrasada la ejecución. Darán el ultimátum para el arranque. Si no comienza la obra, construirán sus casas definitivas y echarán al gobierno que intenta regular la ocupación. Denuncia que el hospital nuevo no atiende a los vecinos de la zona, repasa la historia de la ocupación (tiene pendiente escribir un libro con los hechos, para que sirva para otras tomas de tierras), habla firme y aclara con orgullo quiénes son y qué quieren: «Somos 120 familias formadas políticamente, que sabemos lo que queremos y por qué luchamos. No peleamos sólo por cuatro paredes. Construimos comunidad para el Buen Vivir». Señala el derecho a la salud, educación, transporte. Rita pregunta de dónde proviene la comitiva. Recibe respuestas variadas: Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina y diversas ciudades de Brasil. Rita agradece la visita y despide con una aclaración: «La verdadera realidad de Bahía está acá. Allá, en el centro, los burgueses. Acá vive el pueblo».

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2018/04/06/organizar-ocupar-resistir/

Foto: https://flickr.com/photos/eneas/4434394020/in/photolist-7KRqRj

Expropiación (Enteignen) es la palabra que en la ciudad de Berlín se lee en banderas colgadas de los balcones y ventanas, en grafitis pintados a alturas increíbles, en las planillas de firmas que hasta finales de junio de este año era posible llenar en cualquier esquina para habilitar la votación en referéndum de una ley de socialización de las viviendas. Expropiación y socialización son las palabras clave para revertir un proceso de concentración de la propiedad de las viviendas en manos de corporaciones que han hecho escalar al cielo los precios de los alquileres. Expropiar y socializar son la propuesta de la campaña que desbordó las calles en pandemia y que logró su cometido: se necesitaban 175 mil firmas, se juntaron 350 mil.  El 26 de septiembre de 2021, junto con las elecciones generales, la ley de expropiación a inmobiliarias que poseen más de tres mil viviendas para que pasen a control social fue consagrada por el voto popular. 240 mil viviendas podrían ser recuperadas a la especulación financiera.

Mateo Argerich y Jana Steinfeld son dos jóvenes integrantes de la campaña “Deutsche Wohnen & Co Enteignen, por una ciudad con alquileres asequibles para todes” (DWE).

 “Hablamos de Deustche Wohnen pero en julio esta corporación inmobiliaria se fusionó con Vonovia y se convirtió en la empresa más grande de Europa para la financiarización de la vivienda. Berlín es una gema para la especulación inmobiliaria, todavía no es la ciudad más cara de Alemania -antes está Frankfurt- pero es donde más subieron los alquileres en los últimos diez años”, dice Jana Steinfeld, joven estudiante de sociología urbana y parte de la campaña DWE desde 2018, cuando comenzó a organizarse. Sentada en un bar a metros de la Kottbuser Tor, el sitio menos gentrificado de Kreuzberg -histórico barrio de migrantes- Jana alterna entre el entusiasmo por la vitalidad de la campaña y la preocupación por los movimientos financieros que se meten directamente en la vida cotidiana a través de la especulación inmobiliaria.

 “Entre los años 2000 y 2006 se privatizaron muchísimas viviendas subvencionadas por el Estado. La ciudad tenía muchas deudas y por alguna razón creyeron que era una buena idea la privatización” -agrega Jana con ironía-. Sin embargo, hubo resistencia, aquí cerca en Kreuzberg los vecinos empezaron a organizarse, resistieron desalojos, se sumaron muchos activistas y así fue como nació la campaña.

 “Cuando entran actores internacionales, lo que hacen es adquirir los sectores más marginalizados de la ciudad porque, pueden aumentar la vivienda lo más posible. En Berlín hay regulaciones para el alquiler, sobre todo para las viviendas sociales, pero por un plazo determinado. Vencido ese plazo el alquiler pasa a ser el del precio de mercado”, suma Mateo Argerich, arquitecto y migrante argentino que vive en Berlín hace siete años y aun habiendo militado la campaña DWE, no podrá votar el 26 de septiembre porque su residencia permanente no lo habilita. Para él, como para Jana, el proceso de organización para lograr el referéndum fue, no sólo una inyección de energía sino también de futuro, justo cuando la pandemia y el largo invierno berlinés suspendía cualquier encuentro con otros, con otras.

La campaña habla de expropiación, pero ustedes se refieren a la ley de socialización de la vivienda. ¿Podrían explicar por qué?

 Jana: La idea de la campaña es expropiar a las compañías que tengan más de 3000 propiedades en Berlín y que todas esas propiedades no pasen a ser estatales si no que pasen a constituir un commons. Manejado por la sociedad a través de consejos y éstos a su vez de una institución de derecho público. La ley tiene dos partes: la primera trata sobre la expropiación y cómo se financia y articula la indemnización a las inmobiliarias y la segunda organiza el control social de las viviendas por parte de la ciudadanía y los inquilinos e inquilinas. Porque solamente la socialización puede garantizar soluciones a largo plazo.

¿El Estado se haría cargo de las indemnizaciones?

 Mateo: La indemnización, en principio, tiene que ser a precios más bajos que los de mercado que se instalaron con la misma acción de las grandes corporaciones de vivienda. Y puede pagarse perfectamente en cuotas con los precios justos de los alquileres. Se estima que se podrían expropiar 240 mil viviendas.

¿Cómo se organiza la Campaña, tanto para la redacción de la ley como para garantizar a futuro la creación de los consejos que controlen los alquileres?

 Jana: Ahora hay grupos de trabajos que se ocupan de diferentes cosas: la recolección de firmas, la discusión y redacción de la ley de socialización, la comisión que se ocupa del tema de la democratización de la participación, porque mucha de la gente que firmó para el referéndum no tiene derecho al voto, aunque paga impuestos y alquiler en Berlín. Y en el último año se organizaron los Kiez-Teams (equipos de barrio) que están en cada distrito, en cada urbanización. Hacen cosas para la campaña, pero fundamentalmente son lugares donde se conoce la gente, son como pequeñas asambleas barriales donde todo se pone en discusión, además de compartir las problemáticas. Y crecieron muchísimo aun cuando la mayor parte del año las reuniones tuvieron que ser virtuales.

¿Por qué se fortaleció tanto la Campaña durante este año y medio de pandemia?

 Mateo: En principio hubo una manifestación espontánea muy importante en mayo, el 5 de mayo, cuando la Corte Suprema derogó una ley de nuestra ciudad que ponía un tope a los alquileres. Entendemos que esa ley fue una respuesta del gobierno de Berlín a la organización de inquilinos e inquilinas que venían resistiendo los aumentos. Pero el Tribunal más alto de Alemania sentenció que Berlín no tiene autoridad para regular las relaciones entre privados. Y lo peor es que las inmobiliarias pretenden cobrar la diferencia entre el tope y los precios de mercado de manera retroactiva. Eso se traduce en deudas para los y las inquilinas que además vieron reducidos sus ingresos por la pandemia.

 Jana: En Berlín aproximadamente un 10 por ciento de la población está endeudada. Y un 90 por ciento alquila. Los datos del 2018 dicen que la gente pagó entre un 46 y un 48 por ciento de sus ingresos para alquilar. Y quienes tienen menos dinero, por supuesto pagan un porcentaje más alto. Esto aumenta la polarización social y dejó clara la necesidad de dar una respuesta colectiva.

¿Tienen un diagnóstico sobre cómo esta polarización social afecta a las mujeres, personas LGTBQ+, racializadas y migrantes en relación a la vivienda?

 Jana: Hay dentro de la campaña un grupo que se ocupa de esas preguntas. El problema es que en Alemania las mujeres o personas queer ganan menos dinero, aunque estén en los mismos puestos de trabajo que los hombres. También muchas veces trabajan en el sector social que está muy mal pagado en Alemania -tareas de cuidados y servicios- y bueno, además realizan el trabajo reproductivo no pagado. Entonces tienen menos dinero para pagar un alquiler.

Y eso complica el acceso mismo a los alquileres, ¿verdad?

 Mateo: Como la asignación de viviendas es un mecanismo por el cual no hay que rendir cuentas, muchas veces es un mercado racista, homofóbico y transfóbico. Entonces las situaciones en que aterrizan las personas en situaciones de vulnerabilidad son muy malas, pagan el precio de un piso por una cama. Y encima esto sucede en los barrios marginales en donde también interviene la policía.

¿Los propietarios dan intervención a la policía al momento de desalojar?

 Mateo: Si. Pero, sobre todo, en algunas zonas que se nombran como “peligrosas” la policía interviene sin regulaciones y eso pone en peligro la continuidad de la vivienda y complica el acceso.

Jana: Las inmobiliarias, por otra parte, operan una discriminación de hecho: priorizan a la pareja heterosexual por encima de otros inquilines posibles. Heterosexual, pero sin hijos porque los niños también complican el acceso a los contratos de alquiler.

Mateo: Muchas veces personas que comparten vivienda tienen que fingir que son pareja para poder conseguir un contrato. Como hay mucha gente pidiendo departamentos hay una lista enorme para elegir y ahí funcionan todas las estructuras racistas, xenofóbas. En Right to the city (derecho a la ciudad), que es una de las organizaciones que integran la campaña, se juntan un montón de testimonios LGTBQ+, de personas racializadas y mujeres con hijes. Es algo que se quiere visibilizar para que haya mecanismos transparentes de asignación de vivienda. Es parte de la idea de socialización.

Con los Kiez-Teams podríamos decir que esta campaña tiene una organización territorial entre inquilines. ¿Qué problemáticas aparecieron además del precio de los alquileres?

Jana: La violencia por razones de género, por ejemplo, que ha aumentado durante la crisis de la cuarentena, no sólo en Berlín, en toda Alemania.

Mateo: Desde la Campaña se evalúa que hay un déficit de refugios para víctimas de violencia de genero. Y a la vez se cree que al tener un organismo de derecho público que tome todas las decisiones referidas a lo común, se van a poder generar estos espacios. Que ahora están siendo desplazados o que pagan grandes alquileres y que no pueden ofrecer los cupos que la sociedad necesita, ya sea refugios para víctimas de violencia de género o déficit de jardines de infantes o espacios juveniles.

Jana: Lo interesante también es como se van a mantener estas redes barriales, a través de los consejos de inquilines y participación democrática. Por eso es tan importante para la campaña el déficit democrático que hay, para que realmente haya un mecanismo de participación.

¿A qué le llaman “déficit democrático”?

Jana: Hemos juntado más de 350 mil firmas que en materia de referéndum en Berlín es un récord. Pasó del mínimo necesario 175 mil firmas válidas…

Mateo: El tema es que de estas firmas un 32 % son inválidas, y dentro de los motivos de impugnación el que más pesa es la falta de ciudadanía. Ese 32 % es el que acepta las peores condiciones de contrato y es el sector de la población que está en la peor situación. No tenemos capacidad de voto porque para hacerlo es no alcanza la residencia permanente siquiera, sino que se necesita ciudadanía completa. Es interesante ver como se estructura esta ley de socialización contemplando esto.

Jana: Lo interesante ahora es ver cuánta gente va a votar en las elecciones generales que no son obligatorias. De eso depende en parte lo que pase con el referéndum.

Die LINKE, el partido de izquierda alemán, organizaciones migrantes, de inquilinos e inquilinas, grupos y colectivas feministas y vecinos y vecinas integran la campaña Deutsche Wohnen & Co Enteignen, por una ciudad con alquileres asequibles para todes. El 26 de septiembre estarán los resultados del referéndum, pero el proceso de organización de la campaña mostró su fortaleza. Si las grandes inmobiliarias pusieron en jaque el control de precios sobre los alquileres a través del Poder Judicial, la movilización y el voto también podría tener la capacidad de vetar esa iniciativa que pone en riesgo de endeudarse o ser desplazados de la ciudad a cientos de miles de inquilinos e inquilinas. Y en ese mismo proceso se abren preguntas que profundizan la organización sobre el acceso democrático de migrantes, personas racializadas, mujeres jefas de familia y personas LGBTQ+; este es el aire de futuro que hace más respirable el aire de Berlín, aun con la pandemia.

Publicada originalmente en: https://rosalux-ba.org/2021/09/14/el-derecho-a-la-ciudad-el-aire-de-futuro/

Foto: https://urlshortner.org/Tejvz

Según proyecciones del FMI, producto de la crisis económica, el PIB de Chile caerá en 4,5% en 2020, la cesantía se elevará al 18% y la pobreza llegará al 14% del total de la población. Este año la recesión será una realidad y las autoridades deberán implementar medidas para enfrentar esta crisis.

La opción neoliberal nos conducirá a una profundización de la privatización, híper concentración de la riqueza y el ejercicio arbitrario del poder económico y político, acompañado de una profundización del bloque dominante en la sobre-explotación, y el aumento de la desregulación y la flexibilidad laboral amparada en un creciente desempleo que contenga los reclamos laborales.

Creemos que el camino debe ir por otro lado, la crisis debe ser entendida como una oportunidad para corregir la profunda desigualdad económica y política y avanzar en la refundación de Chile. Así, el desafío es reactivar, redistribuir y democratizar.

Actualmente, la cesantía en el Gran Santiago, zona urbana que concentra el 40% de la población del país, es del 15,6%, principalmente en las áreas del comercio y la construcción. La cantidad de personas sin trabajo en la capital ya superó las 469.000 y en todo el país el 1.200.000.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional (2017) alcanzaba las 739.603 viviendas para 2.2 millones de personas. El MINVU ubica las cifras en casi 400.000 unidades nuevas (déficit cuantitativo) y 1.3 millones de viviendas que requieren al menos un mejoramiento (déficit cualitativo). Vale decir, la cifra se ubica entre 400.000 y 700.000 viviendas.

Producto del aumento del valor del suelo y la vivienda, estas cifras venían creciendo de forma acelerada la última década, con la actual crisis se espera que este déficit crezca de forma aún más acelerada, afectando de forma directa a cerca de 2 millones de personas.

*Debemos avanzar en soluciones para la vivienda y el desempleo*

SINTESIS: La crisis económica actual eleva los indicadores de cesantía (en construcción) y el déficit habitacional.

¿Qué proponemos desde UKAMAU?

En lo estratégico proponemos una Empresa Nacional de Construcción, a través de una política contra recesiva enfocada en el financiamiento público de la construcción de viviendas sociales e infraestructura.

En lo inmediato un plan nacional de emergencia de construcción de viviendas de interés público que avance contra el déficit habitacional y el desempleo.

Financiamiento:

Debido a que el financiamiento de estas empresas será público se deberán enmarcar en un programa gubernamental que establezca estándares y plazos, la propiedad podrá ser privada, mixta y pública, y estará dirigida a reducir la cesantía y el déficit habitacional de los grupos sociales de menores ingresos.

De esta forma, también se podrá reajustar el valor del suelo y la vivienda que actualmente se encuentran desacoplados del resto de la economía. Eliminando de forma permanente una de las principales causas del déficit habitacional.

Financiamiento público

Dirección:

El programa en su plan estratégico (Empresa Nacional de Construcción) y en su implementación inmediata (Plan de Emergencia), deberá ser dirigido por los organismos que el MINVU dispone a nivel nacional. En la elaboración de los proyectos se deberá aplicar una nueva gobernanza en materia de ciudad constituida por: los habitantes de cada territorio, para que tengan así participación activa en el diseño de los proyectos; deberá ser ejecutado por entidades de gestión compuestas por representantes del Estado, las empresas (privadas, mixtas, públicas), proveedores de insumos de construcción, los municipios y organización de los asignatarios (organización de pobladores). Así se institucionalizará la participación ciudadana en esferas relevantes de la vida social, fortaleciéndose la democracia.

Junto con pobladorxs

INSUMOS: Con el objetivo de aminorar la desocupación, creemos importante que en concordancia con la Empresa Nacional de Construcción se impulse una Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción. Esta iniciativa tendrá la finalidad de aminorar aún más el desempleo tras la crisis en curso, debe impulsar una pequeña industria que suministre a la Empresa Nacional de lo necesario para la construcción de viviendas en una primera instancia, en perspectiva de avanzar en la construcción a futuro de otras infraestructuras de mayor envergadura.

La Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción debe desarrollar productos innovadores y de calidad capaces de responder a las exigencias de las distintas zonas geográficas de nuestro país, aprovechando los recursos propios y priorizando la construcción efectiva del nuevo Chile por sobre las exportaciones.

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2020/06/04/ukamau-en-lucha-por-la-construccion-de-viviendas-sociales/

Foto: https://urlshortner.org/BVYRC

“Lo primero es dejar de definir la vivienda como una mercancía”

Entrevistamos a Boris Cofré Schmeisser, historiador y coordinador político del Movimiento de Pobladores Ukamau en Chile

por Lisa Pausch

El Movimiento Ukamau surge en el contexto de la dictadura de Pinochet en un barrio popular de Santiago en los años 80, como parte de las distintas experiencias en resistencia a la dictadura. Si bien emerge como una agrupación cultural vinculada al MIR, desde hace algunos años lleva la bandera de un conflicto social neurálgico en Chile: el acceso a la vivienda.

Ukamau, que significa «así somos» en aymara, se transformó así en la década del 2000 en un Movimiento de Pobladores que cuenta con la participación de más de 1.500 familias de las comunas de Estación Central,  Peñaflor, Cerrillos, El Melón-Nogales y se está ampliando a otras regiones. Desde este año, la Fundación Rosa Luxemburgo estableció una alianza con Ukamau para la defensa del derecho a la vivienda a través de la formación política de dirigencias populares de base, apostando así al fortalecimiento del movimiento popular en Chile.

En éste contexto conversamos con Boris Cofré Schmeisser*, miembro de la coordinación política de Ukamau – Pueblo Libre.

La segregación se muestra hace años como problema en la mayoría de las grandes ciudades, así también en Santiago de Chile. ¿Cómo se distingue este proceso en Santiago de Chile en comparación con otras ciudades, hay otra urgencia en la capital chilena?

Las ciudades latinoamericanas tienen en común una larga historia de segregación que coincide con la instalación de estos modelos capitalistas y su forma de desarrolla urbano, por lo tanto, la segregación y desigualdad socioespacial ha existido desde larga data en Chile y América Latina. Respecto a la expresión sintomática más clara hoy día, diría que la llegada masiva de inmigrantes en los últimos 5 años ha modificado el paisaje urbano y de la problemática social en la capital y sobre todo en el norte del país…

¿Inmigración proveniente de dónde? ¿De Venezuela o de otros países?

Hace unos 15 años llegó una oleada importante de peruanos, que están absolutamente asimilados en la sociedad chilena. Esto es importante porque la primera generación de inmigrantes que llega no se plantea el problema de la vivienda ni de la propiedad. Siempre tenían en mente que se iban a volver a su país. Pero con el tiempo tuvieron hijos, que se hicieron grandes, y con el tiempo se han incorporado a los movimientos de vivienda.

Pero hay una migración posterior de muchos haitianos. Es todavía la primera generación instalándose, no necesariamente están en lucha de manera más masiva. Y en los últimos años llegaron también muchos colombianos y venezolanos, gente que viene arrancando de la crisis actual y ellos se han incorporado más en las capas medias, como comerciantes o con trabajos informales en la ciudad. Tienden a ser más distantes de los movimientos sociales chilenos de hoy día.

Tienen en común estas migraciones que los que no son profesionales, han tenido que sufrir la sobreexplotación, las condiciones laborales sin contrato, etc. Y en el caso de la vivienda, los haitianos por ejemplo, subarriendan en el casco histórico habitaciones de mala calidad, casi como en el siglo pasado, a valores que son absolutamente irreales, que están inflados.

La problemática particular de esta generación es la localización. Los movimientos de vivienda empiezan a luchar por quedarse en las comunas donde residen. Porque si no los conjuntos de vivienda de interés social quedan en la periferia, muy alejados del centro o de los lugares de trabajo.

¿Es un problema de viviendas para personas con baja renta o afecta a todas las clases sociales que no son propietarios, de la misma manera?

El problema de la vivienda en Chile es que existe un sistema económico muy liberal. El acceso a la vivienda se da a través de la compra, y es muy muy caro comprarse una vivienda en Chile. Actualmente, el 85% de la población tiene ingresos que no permiten comprar una vivienda de valor promedio. Por ello, ha aumentado notablemente el allegamiento, el arriendo y la residencia en campamentos o asentamientos informales.

¿Nos podés dar un ejemplo?

Para construir una casa hay que pedir un préstamo para dar el pie, y este pie es por ley el 20 % del valor de la vivienda. Entonces tienes que pedir un préstamo en un banco para poder adelantar el 20 por ciento del valor de la vivienda y luego tienes que ir a otro banco y pedir un préstamo hipotecario para pagar la vivienda. Las hipotecas corren por 30, 40 años y en cuanto a los valores, no hay límite. Una vivienda tipo clase media, en barrio clase media, que costaba no muchos años atrás unos 80 millones de pesos, hoy perfectamente puede estar en 200 millones de pesos. El valor real ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años, es una locura. Mientras los precios producto de la inflación crecieron un 37% y el ingreso un 24%, entre 2011 y 2018, el valor de las viviendas aumentó 67%.

En sectores populares hay una opción de vivienda de interés social que no requiere asumir deuda, que es por la cual luchan los movimientos de pobladores. Lo que te piden básicamente es un ahorro, que no es muy grande, luego el Estado construye y se paga en el tiempo. Pero estos procesos pueden demorar diez años, si es que tienes un movimiento social que empuja el proceso. Si la vivienda se logra en seis años sería muy exitoso, pero si no estás organizado puede llegar a demorar 15, 20 años o más.

Según datos de la Cámara de Construcción chilena faltan más que 740.000 viviendas para un total de 2 millones de personas, sobre todo en la región metropolitana. Una Cámara de la Construcción puede tener un interés particular en que sean altos, para que haya más presupuesto para construir. ¿Cuál es el papel de empresas en definir las políticas públicas en este sector?

Históricamente la Cámara de Construcción ha tendido a diagnosticar el problema de la vivienda con números muy grandes porque la propuesta de política habitacional que le presenta al gobierno es que el problema de la vivienda se resuelve completamente en el mercado. Mientras más grande sea el número de viviendas a construir, más grande es el negocio.

De todos modos, hay que decir que los datos que presentan provienen de estudios serios. Lo que se puede discutir es qué es lo que se entiende por déficit habitacional. La Cámara Chilena de la Construcción ha sido el ente que ha diagnosticado y pensado de manera concreta la política habitacional en Chile los últimos 60 años. No ha habido otro actor con la capacidad de diagnosticar e implementar políticas habitacionales. Esto viene de los años 50, cuando estalla la migración campo-ciudad. Había un gobierno populista que intentó desde el Estado hacer el diagnostico, pero fracasó. Fueron los empresarios, muy apoyados por los Estados Unidos, que impulsaron la política habitacional en esta lógica liberal en el año 1959 y de ahí en adelante, de manera interrumpida, han sido ellos quienes han diseñado la política pública. Le entregan el diseño al ministro de la vivienda y éste lo implementa. La única excepción notable fue el gobierno de la Unidad Popular.

Para dar un ejemplo: quien diseña el Ministerio de la Vivienda en Chile fue un director de la Cámara Chilena de la Construcción, quien fue a su vez el primer Ministro de Vivienda que tiene Chile; su nombre es Collados (Modesto Collados Nuñez), y luego quienes asumieron esta responsabilidad en los gobiernos sucesivos son gente muy cercana a la Cámara de la Construcción o directamente algunos de sus directores. Entonces ellos han tenido un rol absolutamente fundamental en el diseño de las políticas que hay. Por eso lo que tenemos en Chile un sistema de producción y distribución de vivienda, barrio y ciudades absolutamente privatizado. No existe una empresa pública que equilibre o haga contrapeso al dominio absoluto de la empresa privada.

Ahora está a punto de firmarse la llamada “Ley de Integración Social y Urbana”. A primera vista suena interesante, más casas para familias que tienen subsidios y en zonas urbanizadas con acceso a infraestructura. Vos y el movimiento Ukamau critican profundamente esta medida. ¿Por qué?

Hay una trampa ahí. En los últimos años ha habido una discusión, y los sectores progresistas o de izquierda habían levantado la crítica respecto a la segregación en la ciudad, profundizado durante la dictadura de Pinochet. Hubo un acuerdo transversal de que había que abordar el problema de la segregación. Y la derecha lo que hace es utilizar el discurso de estos sectores progresistas y de izquierda, para presentar un proyecto de ley que hace todo lo contrario a lo que dice su título.

Ellos dicen es que presentan un proyecto de Ley de Integración Social Urbana porque comparten este diagnóstico, que hay que revertir la tendencia de segregación y desigualdad. Sin embargo, este proyecto de ley no viene a reemplazar la política nacional de desarrollo urbano, no viene a remplazar el plan habitacional. Lo que genera es un incentivo para que los empresarios construyan vivienda en algunos lugares específicos en la ciudad para familias de ingresos medios. Esto se parece a algo que existía en 1948 y se llamaba la Ley Pereira. Es un proyecto de ley que tiene nombre de integración social pero que en realidad es una política de incentivo a la inversión de capital para hacer negocios con vivienda de clase media y que les permite a los empresarios tener acceso a terrenos públicos bien localizados.

Vos y tus companerxs luchan por la justicia espacial. ¿Qué describe el término “justicia espacial”?

En el caso de Ukamau nosotros tenemos un plan mínimo, medio, máximo. En el plan mínimo tenemos un avance concreto que es el proyecto habitacional La Maestranza I y estamos peleando por La Maestranza II, además de nuevos conjuntos habitacionales en las comunas de Peñaflor y Cerrillos. Son viviendas con una concepción distinta. La Maestranza tiene un estándar de vivienda que es superior al estándar de la vivienda social promedio en Chile. El método de lucha de Ukamau permite a las familias disputar en mejores condiciones políticas su acceso a la vivienda.

¿Por ejemplo, los 62 m² en vez de 55 m² por departamento como mínimo?

Sí, por ejemplo, el metraje de los departamentos, pero no sólo eso. Tiene que ver con la concepción de los espacios públicos, tiene que ver con la localización, es decir, Ukamau al construir La Maestranza I construye un barrio de estándar de “clase media” para al mundo popular. Y esto se consiguió a través de la lucha. Lo que se busca ahora es replicar la experiencia en una Maestranza II y en la comuna de Peñaflor y Cerrillos. Ukamau quiere construir una ciudad distinta, pero en concreto. No es una consigna, sino barrios que de verdad se levantan. Lo primero es dejar de definir la vivienda como una mercancía y definirla como un derecho social que el Estado tiene que garantizar.

¿De dónde surge esta experiencia?

La dictadura de Pinochet no solo significó autoritarismo político sino además coincidió con una crisis económica muy profunda. Resistir a la dictadura era un poco pelear contra autoridades políticas, pero también organizar una vida social en un contexto de mucha pobreza. En ese escenario nace Ukamau dentro de un sector de izquierda en Chile más rupturista, que no hace parte del acuerdo de transición en el año 90 y queda excluida de los procesos de integración política. Luego de ser reconocido en los 80 como actor legitimo por su oposición a la dictadura, Ukamau pasa a ser estigmatizado y discriminado en los gobiernos de la transición, y queda en los márgenes de la política y la sociedad en los años 90. En el 2001, 2006 o 2011 se abren nuevos espacios de movilización en Chile, y Ukamau se transforma en ese proceso en un movimiento de pobladores. En esta lucha se politiza y se transforma en un movimiento social político que conduce a más que de 1000 familias en distintas comunas de la región metropolitana de Santiago. Hay otras estructuras como el instrumento político Pueblo Libre y un equipo de profesionales alojado en la Fundación Feman.

Desde julio 2019 en Ukamau están llevando a cabo una Escuela de Formación. ¿A quién se dirige?

La escuela tiene como objetivo conocer y comprender las principales características del modelo neoliberal y ver cómo opera en el plano de la vivienda, en los barrios y la ciudad. Está dirigida a las dirigentes del movimiento de pobladores Ukamau, son en total unas 100 personas, de ellas el 98 % mujeres. Nos reunimos en torno a talleres una vez por semana, en distintos territorios. Ellas son las dirigentes de los comités que sostienen el movimiento, hay dos o tres reuniones por semana en las que deben participar. Estas dirigentes requieren de un proceso de formación más sistemático a nivel de la teoría y política. Ellas tienen que enfrentar en sus luchas cotidianas por la vivienda situaciones de política reivindicativa e institucional, porque tiene que relacionarse con los alcaldes, los diputados, el municipio, etc. La metodología que tiene la escuela no es académica, sino de la educación popular que reconoce la cultura popular y produce conocimiento colectivo. No viene solo un experto y habla sobre la política de vivienda, sino que colectivamente vamos produciendo este saber con relación a las prácticas de lucha que se están dando en la vida cotidiana.

Dijiste que la mayoría de las dirigentes son mujeres. ¿Ellas entonces también son las más afectadas por la segregación?

El problema de la vivienda afecta a más de 2 millones de individuos, yo creo que son hombres y mujeres por igual. El tema es que por las características patriarcales de nuestra sociedad el lugar social que tiene la mujer al interior del espacio del hogar, se produce una especie de subordinación por lo tanto le afecta de manera distinta. La mujer todavía es la responsable de los hijos, si se separa la familia, normalmente el hombre sale de la vivienda y la mujer se queda con los hijos. En esa construcción de familia la mujer juega un rol fundamental. Para poder tener familia se necesita un espacio, la vivienda. Y no tenerlo implica tener que irse a una vivienda de otra familia donde ella va a quedar doblemente subordinada. La segregación afecta por igual a hombres y mujeres en términos cuantitativos, pero en términos de la realidad social, a la mujer por supuesto le afecta de manera mucho más directa. Y por eso tiene la disposición de organizarse y enfrentarse a la autoridad. La capacidad y la creatividad que tienen las mujeres populares para organizarse es absolutamente admirable. Yo soy un profesional y me pongo al servicio de ellas. No es cierto que el mundo popular tenga menos disposición a la organización o la política.

¿Qué esperás para el futuro, suponiendo el caso más probable que se firme la Ley de Integración Urbana?

El próximo año hay elecciones municipales que ya van a dar perspectiva para las elecciones presidenciales 2021. Las transformaciones más profundas van a pasar con el sistema político, el movimiento Ukamau y su instrumento político Pueblo Libre van a levantar candidaturas en distintas comunas y el futuro del proceso se va a jugar también en esta arena. A Chile lo que le espera posiblemente hacia el 2022 es la posibilidad de un gobierno progresista dirigido en parte por el Frente Amplio. Ukamau debe ser de los movimientos más activos y dinámicos que representa al mundo popular y la tarea que nos corresponde seria instalarlo en este posible gobierno, es decir, romper con la exclusión política del mundo popular.

El resto del movimiento corresponde más bien a las clases media y media-altas, que tienen reivindicaciones legítimas, pero tienden a reivindicar libertades individuales. Lo que distingue a Ukamau de ellos, es que nosotros luchamos por libertades más colectivas y del mundo de los trabajadores y sectores populares.

Boris Cofré Schmeisser

Es licenciado, magister y doctor en historia. Jefe de Programa de Formación Pedagógica en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Investigador de la Fundación Feman y miembro de la coordinación política de Ukamau – Pueblo Libre.

Publicado originalmente en: https://fundacionfeman.cl/noticias/lo-primero-es-dejar-de-definir-la-vivienda-como-una-mercancia/

Foto: https://acortar.link/FFmtyd

"La Boca no está en venta"

El Lunes 29 de Octubre de 2018 ocurrió la segunda jornada del «Encuentro Internacional por Las Ciudades Igualitarias» que paralelamente al Urban-20 propone abrir el debate en torno a la problemática habitacional en las ciudades, y las disputas sociales, culturales y políticas que suceden en el marco de los gobiernos neoliberales.

El pasado lunes Caminito, el famoso recorrido turístico del barrio La Boca (Buenos Aires/Argentina), vio interrumpido su cotidiano de tangos y paseos para volver a transformarse en un escenario de disputa de la mano de las y los vecinos, organizaciones y artesanos que reclaman al gobierno de la ciudad garantías y derechos fundamentales que durante décadas las distintas gestiones han intentado censurar.

Una radio abierta coordinada por la organización La Boca Resiste y Propone dio inició a esta jornada por donde pasaron diferentes personalidades, referentes y activistas. Natalia Correa, trabajadora del Centro de Salud N° 9 de la Boca, fue una de las entrevistadas quién denunció «las problemáticas que traen aparejadas las situaciones de desalojos». En esa línea continuó, «luego de cada desalojo los cuadros de desnutrición, u otros hechos como el abandono escolar se hacen frecuentes en las familias que sin su vivienda propia terminan en la calle o en un parador». Junto a otras trabajadoras que la acompañaban transmitían «la necesidad de entender la salud desde una mirada integral, y en ese sentido la vivienda es una necesidad y un derecho básico».

Luego fue el turno de Cesare Ottolini, coordinador global de la Alianza Internacional de Habitantes, qué transmitió la necesidad de «frenar los procesos de gentrificación que no respetan los derechos humanos básicos». En ese marco remarcó la obligación de los gobiernos en «pensar los barrios, no para los ricos, si no para los habitantes. Las personas que habita en el barrio tiene el derecho a quedarse». Finalizó señalando la importancia de las organizaciones sociales en la disputa por el derecho a la vivienda, tomando como ejemplo lo ocurrido en el barrio Monte Sinai en Guayaquil, Perú, donde junto a las organizaciones sociales del territorio armaron una mesa de diálogo con el gobierno y lograron frenar los desalojos a más de 3.500 familias que allí reciden.

Por su parte, Cristina Reinaldes integrante de la Coordinadora de Villas y Barrios Populares, expresó que «el caso de la boca es emblemático pero también encontramos desalojos en todas las villas bajo procesos de urbanización». En ese sentido continuó «hubo barrios que aún registrados en el RENABAP fueron igualmente desalojados de sus territorios», y subrayó la importancia de estos encuentros «no solo para frenar los desalojos, si no también para visibilizar el avance del mercado inmobiliario sobre viviendas que popularmente fueron ganadas por las familias».

El cierre de la radio abierta estuvo a cargo de Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quién felicitó a los vecinos y vecinas por la organización de este encuentro e hizo hincapié en «seguir luchando sin bajar los brazos, se lo decimos nosotras las locas, que a pesar de los bastones estamos y seguiremos luchando». A continuación, le hicieron entrega de un cuadro realizado en la misma feria donde se realizó la primer parte de la jornada.

City tour de desalojos

Finalizada la radio, las organizadoras invitaron a los y las participantes del encuentro a los micros que esperaban en la entrada del caminito, para realizar un recorrido por el barrio de La Boca junto a referentes de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Mientras se organizaba la partida, si bien los micros se encontraban estacionados el recorrido ya había comenzado. Frente a ellos, un mural impactó a las y los presentes. Había sido realizado por la Brigada muralista «Ramona Parra» en el marco de un encuentro de muralistas realizado durante el pasado año.

El «tour» comenzó con su correlato histórico por parte integrantes de La Boca Resiste y Propone, a quienes allí se encontraban. Esa explicación resultó necesaria para entender la lucha que el barrio construye generación tras generación, desde la marcha de los inquilinos y la huelga de las escobas La Boca fue un epicentro de la lucha por el hábitat digno y el derecho a una vivienda. Cien años pasaron desde aquellos episodios y la historia se repite. Pero así como el avance de los distintos gobiernos fue una constante contra la dignidad de las familias que allí residen, también lo fue la lucha y resistencia de los vecinos y vecinas contra esos atropellos. En tan sólo este pequeño espacio de la ciudad de Buenos Aires «hay 182 juicios, es decir más de 650 familias relacionadas a situaciones de desalojos» explicaron las vecinas. Por eso, desde La Boca Resiste y Propone junto a otras organizaciones se escribió un proyecto de ley de alquileres presentado en la legislatura.

«No hay derecho a la salud sin derecho a la vivienda»

Los micros avanzaban a paso lento ya que acompañando el convoy, algunos vecinos y vecinas en bicicletas iban señalando con gestos y gritos las diferentes historias o sucesos del barrio que se marcaban en sus calles y paredes. Entrando por la calle Garibaldi una familia nos esperaba en la vereda con carteles como «La Boca no está en venta» y «aquí hay familias luchando por la vivienda». Carolina, por su parte, seguía el relato por cada cuadra contando las casas que se encontraban resistiendo los desalojos, «todas las cuadras del barrio tienen al menos una situación de intento de desalojo, y la que no es porque los desalojos ya se efectuaron» relataba sumergiendo a sus visitantes cada vez más en las historias de la barriada.

El contexto es de desidia, y cada conventillo tiene su historia. «Al costado hubo un incendio en donde murieron dos chicos» recuerda dolida una vecina al señalar una casa. Ella misma había sido educadora de los mismos años atrás. «Hace 10 años que están esperando que se ejecute el proyecto del IBC», unas cuadras adelante mostrará un mural hecho por Freddy Filete que recuerda y reclama por las y los niños muertos en causas evitables.

Al girar en una de las esquinas, un grupo de vecinos y vecinas desplegaban una bandera: «Comahue desaloja familias». Se trata, nada más y nada menos que de una empresa de seguridad privada aportante de campaña electoral de Cambiemos, quien compro a precio ruin, «los dispositivos que generamos por los desalojos valen mucho más caro» reflexionan las integrantes de La Boca Resiste y Propone. «Los desalojos administrativos son un acto que no requiere ningún permiso judicial, con la excusa de estar en situación de derrumbe dejan a las familias en las calles» explican.

No hubo recoveco de La Boca en la que los micros no se metieran. Las integrantes de La Boca Propone y resiste reflexionan:  «además de los intentos de desalojos, el abandono y la desidia del estado es otro componente que acorrala a las familias». Y en esa línea continuó, «uno de los mayores problemas que afronta cotidianamente el barrio son los incendios por el estado de algunas viviendas, siendo este un fundamento que el gobierno utilizada para efectuar los desalojos». Dando a entender las diferentes estrategias del gobierno para avanzar con los negociados inmobiliarios, explicó «los desalojos administrativos son un acto que no requiere ningún permiso judicial, con la excusa de estar en situación de derrumbe dejan a las familias en las calles y hacen uso de dichos inmuebles».

En ese sentido, otra de las violencias que no dejaron de mencionar fue la sistemática persecución y criminalización hacia la población joven y pobre de La Boca. Entre tantas historias, la de Nehuen Rodríguez resonó en las y los presentes. Atropellado en diciembre de 2014 por un patrullero. Actualmente su madre junto a otras madres de víctimas de la violencia y represión policial.

Realizaron un comedor como respuesta ante el ajuste. De esa manera, las integrantes de La Boca Resiste y Propone manifestaron «no sólo con balas mata la policía. No sólo con los policías mata el estado» siendo interrumpidas con los aplausos de quienes allí se encontraban. «Con esto decimos que cuando no hay un Estado brindando respuesta a la situación habitacional también ahí hay violencia institucional» afirmaron.

Luego fue el turno del Club Boca Juniors, emblemático y conocido por todas y todos. Por eso, no se necesitaron muchas aclaraciones para dar cuenta del negocio inmobiliario con el que avanza sobre el territorio. En ese marco, los vecinos y vecinas querellaron no sólo contra dichas intensiones propias del club, sino también contra el Gobierno de la Ciudad y la Coorporación Sur por ser parte. Para ello, disputaron colectivamente los terrenos que el club quiso comprar a precio ruin para hacer un estadio shopping. Hasta el momento, se ganó que el único predio verde de La Boca quede como un espacio verde para los vecinos y vecinas y que en tal caso, sean ellos y ellas quienes definan qué hacer con el mismo. Para finalizar esa parte del recorrido sus referentes enfatizaron «sin potrero no hay Maradona». Para ello, los mismos vecinos y vecinas crearon la Organización Boca es Pueblo quienes «militan para recuperar un Boca popular de puertas abiertas a sus hinchas» según relataron en la jornada.

A lo largo del recorrido, los murales y stencils acompañaban mostrando el paisajismo político de quienes habitan el espacio. Entre ellos, las vecinas cuentan que uno de ellos recordaba a las y los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico, militar y eclesial. «Ese mural fue una gran disputa» recuerdan «donde el Gobierno de la Ciudad quería hacer su mural y finalmente con lucha terminamos haciendo el nuestro». Sin embargo, este triunfo no es cotidiano, día a día ven cómo se amplía la política de «palermizar cualquier barrio de la ciudad» según sus propios conceptos. Por eso, la disputa por los murales es incluida en la misma lucha por el territorio, es claro que la estética que se quiere generar desde el Gobierno va contra el bagaje cultural propio del barrio.

Pero no todo es tristeza, en La Boca, además de sus colores, sus vecinos y vecinas vienen generando grandes triunfos cotidianos en defensa de su identidad. Es así que pudieron identificar la vinculación entre una inmobiliaria con prácticas de desalojo. Desde agosto de este año las denuncias de las y los vecinos tuvieron su efecto y el dueño de la inmobiliaria Sheik se encuentra actualmente detenido por distintos delitos, por un lado establecía una relación de prestamista a precios altos, a su vez falsificaba firmas y documentos para quedarse con casa desocupadas. Al investigar, las y los vecinos dieron cuenta que esta inmobiliaria cuenta con más de 100 propiedades la mayoría en La Boca, San Telmo, Constitución y Barracas, y gracias a ese trabajo sistemático de denuncia pudieron ponerle fin.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/jornada-de-lucha-por-el-derecho-a-la-vivienda-la-boca-no-esta-en-venta/

Foto: https://acortar.link/qRRfQP